El atraso salarial y el deterioro del poder adquisitivo tensionaron la relación entre el gobierno bonaerense y los sindicatos. El paro docente que demoró el inicio de clases expuso por primera vez un fuerte malestar en las bases gremiales.
La relación entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales bonaerenses atravesó su momento de mayor tensión desde que comenzó la actual gestión. El paro docente que demoró el inicio del ciclo lectivo marcó un punto de inflexión en un vínculo que hasta ahora se había mantenido relativamente estable.
El conflicto fue impulsado por el descontento acumulado por el atraso salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, una situación que se fue profundizando a lo largo de los últimos meses.
Durante el verano, ese malestar comenzó a crecer en las bases sindicales y terminó derivando en medidas de fuerza que se concretaron en los primeros días de marzo.
Paritarias bajo presión
El gobierno bonaerense intentó contener el conflicto con un aumento preventivo del 1,5% en febrero, otorgado a cuenta de futuras negociaciones paritarias. Desde la administración provincial señalaron que la medida buscaba evitar una mayor caída del poder adquisitivo.
Sin embargo, el gesto no alcanzó para desactivar el malestar y los gremios avanzaron con la huelga.
Según explicó María Díaz Reck, dirigente de la lista Multicolor del sindicato docente SUTEBA, la medida respondió en gran parte a la presión de los propios trabajadores.
“Las conducciones sindicales hicieron un paro presionadas por el descontento de las bases, no porque tuvieran ganas”, sostuvo.
Diferencias entre gremios
El conflicto también dejó en evidencia matices entre las distintas organizaciones sindicales.
Mientras algunos gremios señalaron al ajuste del gobierno nacional de Javier Milei como principal causa del deterioro salarial, otros apuntaron directamente al gobierno provincial.
En ese marco, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó al paro remarcando su rechazo a la propuesta salarial de la Provincia.
A la protesta también se sumaron otros gremios estatales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) habían rechazado previamente las ofertas salariales del Ejecutivo provincial.
Un acuerdo que llegó después
Pocos días después de las medidas de fuerza, los gremios terminaron aceptando una oferta salarial mejorada, aunque varios dirigentes sindicales advirtieron que el aumento sigue siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.
Para el gobierno provincial, la situación fiscal está condicionada por la reducción de transferencias nacionales, que afecta los recursos disponibles para recomponer salarios.
Los principales gremios estatales han respaldado en gran medida ese argumento, aunque en las bases sindicales el cuestionamiento comienza a crecer.
Críticas desde los sectores disidentes
Sectores sindicales opositores sostienen que el gobierno bonaerense prioriza otros compromisos financieros antes que la recomposición salarial.
Díaz Reck señaló que la Provincia pagó recientemente 424 millones de dólares correspondientes a deuda tomada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo que —según planteó— demuestra que existen recursos disponibles.
En la misma línea se expresó Juan Contrisciani, delegado de ATE en Astillero Río Santiago, quien cuestionó tanto al gobierno como a la conducción sindical.
“Acá cobramos un día y al siguiente muchos compañeros ya tienen que pedir un préstamo para llegar a fin de mes”, afirmó.
Un clima social más tenso
Las tensiones en el sector público marcan un cambio respecto de los primeros años de gestión de Kicillof, cuando los gremios estatales acompañaron con mayor margen las propuestas salariales del Ejecutivo.
El reciente conflicto dejó en evidencia un creciente malestar en las bases sindicales, que podría volver a manifestarse si la inflación continúa erosionando los ingresos de los trabajadores estatales.
