La Suprema Corte de Justicia de la provincia ratificó una medida cautelar que impide nuevas obras en la franja costera protegida de Villa Gesell. El fallo mantiene bloqueado el desarrollo inmobiliario “Saint Thomas” y podría sentar un precedente para toda la costa atlántica bonaerense.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó una medida cautelar que prohíbe nuevas habilitaciones y obras en la franja costera protegida de Villa Gesell, en medio de una disputa entre intereses inmobiliarios, autoridades municipales y organizaciones que reclaman la preservación ambiental.
La decisión judicial mantiene bloqueado el avance de proyectos urbanísticos en los 150 metros de protección costera establecidos por el artículo 142 del Código de Aguas, una norma que limita el desarrollo sobre zonas sensibles como dunas y playas.
El fallo, firmado el 4 de marzo de 2026, vuelve a poner en el centro del debate el crecimiento inmobiliario en la costa atlántica y los límites que deben respetar los municipios frente a la normativa ambiental provincial.
El proyecto Saint Thomas, en pausa
Entre los emprendimientos afectados por la medida se encuentra “Saint Thomas”, un complejo que comenzó a desarrollarse en el límite entre Villa Gesell y Cariló.
El proyecto contempla 21 hectáreas destinadas a 122 lotes residenciales, con parcelas de alrededor de mil metros cuadrados, además de un campo de golf de 80 hectáreas con vistas al mar, rodeado de bosque y dunas.
La iniciativa pertenece a una empresa con más de 25 años de trayectoria en desarrollos inmobiliarios y barrios privados en localidades como Canning y San Vicente.
Sin embargo, la medida cautelar mantiene paralizadas las habilitaciones y el avance de nuevas obras en esa zona costera.
El antecedente judicial
El conflicto judicial se originó en la causa “Baldo c/ Municipalidad de Villa Gesell”, iniciada en 2021 para cuestionar la constitucionalidad de dos ordenanzas municipales vinculadas al desarrollo urbanístico.
En su fallo, la Corte —integrada por Hilda Kogan, Sergio Torres, Luis Genoud Budiño y Daniel Soria— decidió mantener la cautelar que impide nuevas construcciones en la franja protegida.
La decisión se apoyó en informes técnicos de la Autoridad del Agua y de la Dirección de Biodiversidad provincial, que advierten sobre el deterioro ambiental en la zona.
Entre los principales problemas señalados se encuentran la erosión costera, la salinización de acuíferos y la modificación del sistema natural de dunas.
Según esos estudios, en localidades como Mar Azul las dunas se redujeron a apenas el 10% de su tamaño original debido al avance urbano.
Críticas al accionar del municipio
En su voto concurrente, el juez Sergio Torres fue especialmente crítico con la conducta del municipio de Villa Gesell.
El magistrado consideró “especulativa” la emisión de declaraciones de impacto ambiental para nuevos proyectos mientras el juicio sigue en trámite, ya que esas decisiones generan expectativas en desarrolladores y terceros sin que exista aún una resolución definitiva.
El caso del proyecto Solanas
La Corte solo introdujo una excepción parcial respecto del complejo habitacional “Solanas”, impulsado por el Grupo Portland en la localidad de Mar Azul.
El tribunal levantó parcialmente la cautelar porque el proyecto fue aprobado en 2016, bajo una ordenanza anterior a las normas cuestionadas en el juicio actual.
De todos modos, el máximo tribunal provincial advirtió que las condiciones ambientales evaluadas hace casi una década podrían no ser las mismas hoy, debido al paso del tiempo y al deterioro del ecosistema costero.
Además, la obra ya se encuentra paralizada por otra causa judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Dolores, donde rige una medida cautelar desde 2022.
Un precedente para toda la costa
El alcance del fallo podría ir más allá de Villa Gesell. El artículo 142 del Código de Aguas es una normativa provincial que se aplica a toda la costa atlántica bonaerense, desde San Clemente del Tuyú hasta Bahía Blanca.
Al reafirmar su vigencia estricta, la Suprema Corte establece un criterio que otros municipios costeros deberán tener en cuenta antes de habilitar nuevos emprendimientos inmobiliarios en zonas de dunas o áreas sensibles.
Distritos como Pinamar, el Partido de la Costa, Mar del Plata o Necochea, donde también existen debates por el avance urbanístico sobre la costa, podrían ver citado este fallo en futuras causas judiciales.
Aunque en el sistema jurídico argentino los fallos no tienen carácter vinculante como en el derecho anglosajón, las decisiones de la Corte bonaerense suelen marcar el rumbo de la jurisprudencia provincial, especialmente en materia ambiental.
