Un fallo judicial ordenó suspender los trabajos de ampliación del canal en el Puerto de Dock Sud y dio luz verde al reclamo impulsado por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, para que las empresas portuarias financien la reparación de calles afectadas por el tránsito pesado en Lanús y Quilmes.
La Justicia bonaerense ordenó frenar las obras de ampliación del canal de navegación y modernización del muelle en el Puerto de Dock Sud, en Avellaneda, y habilitó una demanda presentada por el municipio de Lanús contra empresas que operan en la terminal portuaria.
El fallo representa un primer avance judicial para el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien además integra el Consorcio de Gestión del puerto en representación de los municipios cercanos. La resolución obliga a la empresa Exolgan, perteneciente al holding International Trade Logistics (ITL), a paralizar los trabajos vinculados al proyecto de ampliación portuaria.
La obra, que había sido anunciada junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, contempla una inversión estimada en 143 millones de dólares y busca aumentar la capacidad operativa del puerto para recibir buques de última generación conocidos como Neo Panamax.
Reclamo por el impacto del puerto en las ciudades
Desde el municipio de Lanús sostienen que el Puerto de Dock Sud genera importantes ingresos para las empresas que operan en la terminal, pero también provoca impactos negativos que deben afrontar los distritos vecinos sin recibir compensaciones económicas.
Por ese motivo, la demanda busca que las empresas vinculadas al puerto —entre ellas Exolgan, YPF, Raízen, Terminal TAGSA y Loginter— aporten recursos para reparar el deterioro de la red vial generado por el tránsito constante de camiones.
El planteo también propone crear un fondo permanente de infraestructura, destinado a financiar obras de mantenimiento y mejoras en calles utilizadas por el transporte de carga en los municipios de Lanús y Quilmes.
El deterioro de las calles y el tránsito pesado
En la presentación judicial se incluyeron fotografías y videos que muestran el estado de varias avenidas afectadas por los denominados “huellones” que dejan los camiones de gran porte.
Según el informe técnico presentado, reparar 100 metros de pavimento de hormigón puede costar alrededor de 225 millones de pesos, un gasto que hoy recae exclusivamente en los municipios.
Además, en esa zona del sur del conurbano las napas freáticas se encuentran elevadas, lo que debilita la estructura del suelo y acelera el deterioro de las calles ante el peso constante de los vehículos de carga.
