La medida de fuerza convocada en adhesión al 8M impactará en numerosas escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires. Aunque la paritaria docente fue aceptada recientemente, la huelga vuelve a interrumpir el inicio del ciclo lectivo 2026 y deja a miles de alumnos sin actividad en las aulas.
Las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires volverán a registrar una jornada sin clases debido a un paro convocado por gremios docentes y de auxiliares en adhesión al Paro Internacional Feminista del 8 de marzo.
La medida fue impulsada por sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sectores del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), y se llevará adelante el lunes posterior a la jornada de movilización por el Día Internacional de la Mujer.
A diferencia de otras huelgas recientes, el paro no se origina principalmente en un reclamo salarial sino en la adhesión a la jornada internacional de protesta feminista. Sin embargo, su impacto en el sistema educativo provincial será significativo.
Uno de los factores que suele profundizar la interrupción del servicio educativo es la adhesión de los auxiliares escolares nucleados en ATE. Estos trabajadores cumplen tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia dentro de los establecimientos, por lo que su ausencia impide en muchos casos la apertura de las escuelas, incluso si parte del cuerpo docente decide concurrir a trabajar.
La medida se produce apenas días después del inicio del ciclo lectivo 2026, que ya comenzó con dificultades. Durante la primera semana de clases, miles de estudiantes tuvieron actividad reducida debido a paros docentes realizados el lunes 3 de marzo y a una medida convocada por sectores opositores dentro de SUTEBA.
Ese espacio disidente, conocido como SUTEBA Multicolor, también convocó a un paro y movilización en el marco del 8M. Entre sus reclamos se incluyen críticas al “ajuste salarial” que atribuyen al gobierno provincial de Axel Kicillof, cuestionamientos a políticas educativas impulsadas a nivel nacional y demandas vinculadas a la agenda de género y derechos humanos.
Dentro de sus consignas también aparecen denuncias contra los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, además del pedido de un plan de lucha nacional a la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
No todos los gremios del sector educativo se sumarán a la huelga. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) confirmó que no adherirá a la medida, pese a formar parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense.
La convocatoria llega pocos días después de que el gobierno provincial cerrara una nueva negociación paritaria con los gremios docentes. El acuerdo incluye la consolidación de un aumento del 1,5% otorgado por decreto en febrero, más un incremento del 5% en marzo y otro 2,5% en abril.
Con ese esquema, el incremento bimestral alcanza el 7,5% y el aumento acumulado entre febrero y abril llega al 9%, calculado sobre los salarios de enero. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría en las consultas internas de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.
A pesar de ese acuerdo salarial, el inicio del calendario escolar vuelve a quedar marcado por medidas de fuerza que reducen los días efectivos de clases para miles de estudiantes del sistema público provincial.
Debate por declarar esencial la educación
En paralelo al nuevo paro docente, el senador provincial Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO en la Legislatura bonaerense, presentó un proyecto de ley para declarar esencial el servicio educativo en todo el territorio provincial.
La iniciativa busca garantizar la continuidad de las clases incluso en contextos de conflicto, estableciendo prestaciones mínimas obligatorias para asegurar el funcionamiento de las escuelas.
Entre esas prestaciones se incluyen:
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apertura de los establecimientos educativos
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presencia de personal directivo y docente suficiente
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continuidad del servicio alimentario escolar
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mantenimiento de tareas de limpieza
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y funcionamiento del transporte escolar rural.
Según explicó el legislador, el objetivo es equilibrar el derecho de huelga de los trabajadores con el derecho de los estudiantes a acceder a la educación.
“La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”, afirmó Petrecca.
El senador sostuvo además que el sistema educativo provincial atraviesa una dinámica de conflicto recurrente que termina afectando especialmente a los estudiantes más vulnerables.
“Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente, los chicos quedan en el medio. La escuela no puede convertirse en rehén de disputas sectoriales que se repiten todos los años”, señaló.
Para el legislador, establecer un marco institucional que garantice la continuidad del servicio educativo permitiría introducir mayor previsibilidad en el calendario escolar y proteger el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.
