El proyecto enviado al Congreso contempla ventajas en Ganancias, IVA e Impuesto al Cheque para futuras concesiones, pero también permite que alcancen a contratos vigentes cuando exista una “ampliación de obra”. Además, condiciona los beneficios nacionales a que las provincias otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos.
El proyecto de Presupuesto 2027 incorporó un régimen fiscal especial para las empresas concesionarias de rutas nacionales que comenzó a generar cuestionamientos por su alcance y por el impacto que podría tener sobre las provincias.
La disposición aparece en el artículo 67 de la iniciativa enviada al Congreso. Allí se establecen beneficios para compañías que participen de nuevas concesiones viales, pero el esquema también podrá aplicarse a concesionarios que ya tienen contratos vigentes cuando realicen una denominada “ampliación de obra”.
Ese último punto despertó cuestionamientos en sectores empresarios, ya que podría modificar las condiciones económicas bajo las cuales se realizaron licitaciones anteriores. Las compañías que compitieron originalmente lo hicieron sin contemplar las ventajas tributarias que ahora podrían incorporarse durante la ejecución de los contratos.
Entre los incentivos previstos se encuentra la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para determinadas inversiones vinculadas con las concesiones y las obras de infraestructura vial. También se establece un mecanismo de reintegro del IVA correspondiente a esas operaciones.
A su vez, las empresas podrán computar el 100% del Impuesto al Cheque como pago a cuenta de Ganancias, IVA o contribuciones patronales.
Las provincias también quedan involucradas
El régimen incorpora otra condición que impacta directamente sobre los gobernadores. El proyecto invita a las provincias a adherir y otorgar exenciones en Ingresos Brutos y Sellos para los contratos alcanzados.
La adhesión provincial, además, aparece establecida como requisito para que puedan entrar en vigencia los beneficios concedidos por Nación. De aprobarse el artículo con esa redacción, los concesionarios interesados en acceder a las ventajas nacionales también necesitarán que las provincias resignen parte de su recaudación tributaria.
La discusión se produce mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la concesión de distintos corredores nacionales. El proceso ya había generado controversias por la adjudicación de las rutas 12 y 14 a Cartellone, una empresa mencionada en investigaciones judiciales, incluida la causa Cuadernos.
El artículo 67 agrega ahora un nuevo frente al debate por el Presupuesto: el Congreso deberá definir si avala un régimen que no solamente beneficia a las futuras concesiones, sino que también puede alcanzar a empresas que obtuvieron contratos bajo condiciones fiscales diferentes.
