La expareja de Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Franco Picardi y ofreció aportar copias de grabaciones de conversaciones con el consultor. Según su testimonio, Cerimedo le habría hablado de pagos ilegales vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad y mencionado a Karina Milei.
La investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo elemento a partir del testimonio de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo. Ante el fiscal federal Franco Picardi, la mujer aseguró que su entonces pareja le había hablado de supuestos hechos de corrupción dentro del organismo y puso a disposición de la Justicia registros de conversaciones que conserva en un teléfono actualmente incautado en Bolivia.
Beller declaró por videoconferencia durante unos 45 minutos. Según reconstruyó Página/12, sostuvo que Cerimedo le había mencionado la existencia de pagos ilegales relacionados con ANDIS y que señalaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como una de las destinatarias. La mujer aclaró que su conocimiento es indirecto y que no pudo aportar montos, mecanismos concretos ni documentación sobre esas presuntas operaciones.
El testimonio también incorporó referencias a Natalia Basil, exesposa de Cerimedo y exdirectora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS. Beller afirmó que, según lo que le habría contado Cerimedo, Basil había enviado un correo electrónico para denunciar irregularidades dentro del organismo antes de dejar su cargo en noviembre de 2024. No pudo precisar a quién había sido enviado ese mensaje.
Las grabaciones y el teléfono de Beller
Uno de los puntos de mayor interés para la investigación es el material que Beller asegura conservar. La mujer contó que había comenzado a registrar sus conversaciones con Cerimedo por desconfianza y que algunos de esos diálogos incluirían referencias a ANDIS y a presuntos manejos irregulares.
El celular se encuentra actualmente en poder de la Justicia boliviana, que lo analiza en el marco de otras investigaciones contra Cerimedo. Beller ofreció que se realice una copia del contenido que pueda resultar relevante para el expediente argentino. También existen otros teléfonos del consultor que fueron secuestrados y que podrían aportar información, aunque Beller no entregó la clave de acceso de uno de ellos.
Durante su declaración también mencionó al empresario Vicente Quintanal, con quien Cerimedo habría mantenido comunicaciones durante el período en que fueron pareja. Según su relato, Quintanal funcionaba como un vínculo que el consultor conservaba con sectores del Gobierno. La reconstrucción de la causa señala, además, que ambos mantienen vínculos societarios en distintas empresas.
La disputa por la testimonial
La declaración estuvo atravesada por un conflicto entre las partes. Las defensas de Diego Spagnuolo y Miguel Calvete habían solicitado participar de la audiencia, pero la fiscalía boliviana sostuvo que debía garantizarse la reserva por la condición de Beller como víctima de un intento de femicidio.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, cuestionó la modalidad adoptada y planteó la nulidad de la declaración. En paralelo, el exdirector de ANDIS ya había objetado otros elementos incorporados al expediente, entre ellos los audios atribuidos a él, cuyo origen y autenticidad están siendo sometidos a peritaje por orden de la Cámara Federal.
El testimonio de Beller podría abrir una nueva línea dentro de la investigación, centrada en la eventual existencia de pagos destinados a funcionarios de la Casa Rosada. El fiscal Picardi deberá definir si solicita nuevas medidas a partir de lo declarado, entre ellas la búsqueda del supuesto correo de Basil y el análisis de las conversaciones grabadas.
La declaración se produjo además después de que la Sala II de la Cámara Federal confirmara los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas. Según la resolución judicial, se consideró acreditada una estructura destinada a desviar fondos vinculados a tratamientos de alto costo para personas con discapacidad y el cobro de sobreprecios que, de acuerdo con la investigación, llegaron a ubicarse entre el 2.000% y el 4.000%.
