El oficialismo consiguió aprobar el nuevo régimen de beneficios para grandes inversiones tecnológicas. La iniciativa otorga ventajas fiscales, cambiarias y jurídicas por 30 años y ahora deberá ser debatida en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y dio media sanción al denominado «Súper RIGI», el nuevo régimen impulsado por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala en sectores vinculados a la inteligencia artificial, los centros de datos, los semiconductores y otras industrias tecnológicas.
La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, luego de una extensa sesión en la que también se aprobó el proyecto para cancelar la deuda con dos fondos acreedores.
El nuevo esquema amplía los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en 2024 y concede estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria durante 30 años para proyectos que superen los montos mínimos de inversión establecidos por la ley.
Entre otros puntos, contempla una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, elimina retenciones para las actividades alcanzadas y habilita la libre disponibilidad de divisas obtenidas por las inversiones.
Desde el oficialismo sostuvieron que el objetivo es generar condiciones competitivas para captar inversiones internacionales en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico del país.
Sin embargo, la oposición cuestionó duramente el proyecto y advirtió que la norma limita la capacidad regulatoria del Estado y otorga privilegios extraordinarios a grandes corporaciones extranjeras.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al mecanismo que habilita la resolución de conflictos mediante tribunales arbitrales internacionales, una cláusula que, según distintos legisladores, reduce el margen de intervención de la Justicia argentina.
También se plantearon críticas por el impacto fiscal del régimen y por la ausencia de obligaciones vinculadas a la generación de empleo, la transferencia tecnológica o el agregado de valor local.
Desde Unión por la Patria señalaron que la iniciativa consolida un esquema de beneficios para grandes grupos económicos mientras las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades por la situación económica.
En tanto, desde otros bloques dialoguistas también surgieron reparos. Legisladores de Encuentro Federal y la Coalición Cívica cuestionaron la magnitud de los incentivos previstos y advirtieron que varios de los proyectos que podrían beneficiarse ya estaban planificados con anterioridad, por lo que dudaron de la necesidad de otorgar un régimen de excepción tan amplio.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será girado ahora al Senado, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley una de las iniciativas económicas que considera prioritarias para su estrategia de atracción de inversiones.
