Los consorcios encabezados por Rowing y el Grupo Roggio superaron la primera etapa de una licitación que inicialmente había despertado el interés de 17 grupos. El Gobierno busca transferir el 90% de la compañía, que abastece de agua y saneamiento a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.
La privatización de AySA ingresó en una instancia clave. De los 17 grupos que inicialmente mostraron interés por la compañía, solamente dos consorcios presentaron propuestas que ahora deberán atravesar la evaluación técnica antes de competir por el paquete accionario actualmente en poder del Estado.
El proceso contempla la transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores. Una vez revisados los antecedentes legales, financieros y técnicos de los candidatos, se abrirán las ofertas económicas de aquellos que resulten habilitados.
Uno de los grupos está liderado por Rowing S.A., perteneciente al empresario Walter Román. La acompañan Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V.
Entre sus integrantes sobresale Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, compañía que mantiene una relación comercial con AySA desde 2009 como proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización. Filiberti también participa de Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila y recientemente incorporó intereses en Metrogas.
El consorcio suma además a la brasileña Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav y con experiencia en la operación de servicios de agua y cloacas en Río de Janeiro.
Roggio busca quedarse con la empresa
El segundo competidor está encabezado por Roggio ROAS S.A.U. e integrado también por Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
El Grupo Roggio cuenta con antecedentes directos en el sector a través de Aguas Cordobesas, operadora del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba. También participa de otros servicios públicos mediante empresas como Cliba, Emova y Metrovías. La propuesta suma asesoramiento técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.
En el historial del grupo aparece además el caso de Aldo Roggio, quien en 2018 se acogió al régimen de imputado colaborador en la causa Cuadernos y reconoció pagos en efectivo de Metrovías al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime. Esa declaración fue incorporada al expediente judicial, aunque su condición de colaborador no implica por sí misma una condena firme.
La disputa tiene como objetivo una compañía estratégica para el AMBA. AySA presta servicios a unos 3,8 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. El ganador asumiría un contrato por 30 años, con posibilidad de extenderlo durante otra década.
El pliego contempla además más de US$2.000 millones de inversiones durante los primeros cinco años. La próxima instancia será determinante: una vez evaluadas las condiciones de ambos consorcios, las propuestas económicas definirán quién queda mejor posicionado para asumir el control de AySA.
