a histórica Unidad Turística Chapadmalal atraviesa horas de máxima tensión luego de que comenzaran a circular resoluciones internas que anticipan despidos, reducción de personal y el avance del Gobierno nacional hacia un esquema de privatización o concesión del complejo.
Según denuncian gremios estatales, la administración de Javier Milei prepara el pase a disponibilidad de trabajadores de planta permanente y la baja de contratos vigentes, una medida que afectaría a decenas de empleados que actualmente sostienen tareas de mantenimiento, custodia y funcionamiento básico del predio.
La decisión se enmarca dentro del plan oficial para entregar en concesión los hoteles de turismo social, una política impulsada desde el Ejecutivo nacional que ya genera fuerte rechazo sindical y preocupación en sectores vinculados al turismo y al patrimonio público.
Desde ATE advierten que el esquema funciona, en los hechos, como un “despido encubierto”. El temor principal es que los trabajadores queden formalmente en disponibilidad sin posibilidades reales de reubicación dentro del Estado, abriendo el camino a desvinculaciones definitivas.
El conflicto impacta especialmente porque Chapadmalal representa uno de los símbolos históricos del turismo social en la Argentina. Durante décadas, el complejo permitió el acceso a vacaciones para miles de familias trabajadoras, jubilados y estudiantes de distintos puntos del país.
En paralelo, el Gobierno nacional ratificó su intención de avanzar con un modelo de gestión privada para el predio. En exposiciones recientes ante el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió la idea de concesionar las instalaciones por largos períodos bajo el argumento de atraer inversiones y reducir costos fiscales.
Sin embargo, hasta el momento no fueron publicados los pliegos oficiales ni existe una licitación abierta, lo que profundiza la incertidumbre tanto para los trabajadores como para los sectores turísticos de la región.
Dentro del complejo ya comenzaron asambleas y reuniones de emergencia para definir medidas de fuerza y acciones judiciales. Los gremios sostienen que detrás del discurso de “modernización” se esconde el vaciamiento definitivo de una política pública histórica.
La situación de Chapadmalal se suma además a otros recortes impulsados por el Gobierno sobre áreas vinculadas al turismo social, cultura y programas estatales, en una estrategia que profundiza el repliegue del Estado en distintas áreas sensibles.
