La Nación adjudicó a empresas privadas la concesión de corredores estratégicos, en su mayoría ubicados en la provincia de Buenos Aires. La empresa estatal bonaerense quedó fuera del proceso tras el rechazo de su oferta.
El Gobierno nacional oficializó la concesión a empresas privadas de más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales, una decisión que profundiza el proceso de privatización de la infraestructura vial y reaviva la disputa con la administración bonaerense.
La medida comprende la adjudicación de 1.325 kilómetros correspondientes al denominado «Tramo Sur/Atlántico/Acceso Sur», que incluye sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery. A ello se suman otros 546 kilómetros del «Tramo Pampa», sobre la Ruta Nacional 5 entre Buenos Aires y La Pampa.
Los corredores fueron adjudicados por un plazo de 20 años a las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que asumirán la administración, mantenimiento y explotación de las trazas.
Uno de los puntos de mayor conflicto fue la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La empresa estatal bonaerense había presentado una oferta para administrar parte de los corredores, pero el Gobierno nacional rechazó la propuesta.
Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, defendieron la decisión y señalaron que los corredores adjudicados son «fundamentales para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de la logística y el comercio productivo» del centro del país.
La medida representa un nuevo avance del Gobierno sobre el esquema de privatizaciones impulsado desde el inicio de la gestión y vuelve a poner en discusión el rol del Estado en la administración de servicios e infraestructura estratégica.
