El kirchnerismo volvió a cargar contra el Poder Judicial y denunció que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un régimen de detención domiciliaria más restrictivo que el que reciben condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
La ofensiva fue impulsada por consejeros de la Magistratura vinculados al espacio, entre ellos Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, quienes difundieron datos oficiales obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública.
Según el informe, sobre más de 2.500 detenidos con prisión domiciliaria apenas una minoría utiliza tobillera electrónica y casi el 98% recibe visitas sin restricciones específicas. En cambio, desde el entorno de Cristina sostienen que la ex presidenta tiene limitaciones estrictas para recibir personas y un esquema de control mucho más severo.
En el kirchnerismo aseguran que los números exponen una “persecución política y judicial” contra la principal figura opositora del país. “Mientras genocidas y narcotraficantes tienen permisos de salida y controles mínimos, a Cristina le aplican un régimen excepcional”, sostienen cerca de la ex mandataria.
El documento también pone el foco sobre detenidos por delitos de lesa humanidad, donde más de la mitad no utiliza tobillera electrónica y la mayoría puede recibir visitas sin restricciones. Algo similar ocurre en causas de narcotráfico, donde los controles aparecen incluso más flexibilizados.
La situación de Cristina se convirtió en uno de los principales ejes de movilización del peronismo y especialmente de La Cámpora, que busca instalar la consigna “Cristina Libre” como bandera política frente al avance judicial contra la ex presidenta.
Dentro del kirchnerismo consideran que el endurecimiento de las condiciones de detención busca no solo aislar a Cristina, sino también disciplinar políticamente al peronismo. Por eso, en las últimas semanas crecieron las reuniones entre dirigentes, gremios y organizaciones para organizar nuevas acciones públicas y reforzar la campaña en defensa de la ex mandataria.
De hecho, ya se trabaja en una gran convocatoria para junio, cuando se cumpla un año desde la confirmación de la prisión domiciliaria en la causa Vialidad. Entre las opciones aparece la posibilidad de realizar un acto masivo en Parque Lezama, uno de los lugares más identificados con las últimas apariciones públicas de Cristina.
En el entorno de la ex presidenta insisten en que el objetivo de fondo es político: desgastar a la dirigente con mayor centralidad dentro del peronismo y condicionar cualquier intento de reorganización opositora frente al gobierno de Javier Milei.
