La provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en su disputa con el Gobierno nacional al oficializar el cierre definitivo del convenio que durante más de siete años reguló, en conjunto con la Nación, el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión quedó plasmada en el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y consolida el modelo de administración impulsado por el Ministerio de Transporte bonaerense, que conduce Martín Marinucci, para gestionar de manera integral las compensaciones tarifarias destinadas a las líneas de jurisdicción provincial y municipal.
Con esta medida, la Provincia deja de depender de la asistencia técnica del Estado nacional para determinar, liquidar y distribuir los subsidios al transporte, una función que hasta fines del año pasado se realizaba en forma conjunta.
El convenio había sido firmado en 2018, luego del Consenso Fiscal, y establecía que la entonces cartera nacional de Transporte calculaba mensualmente las compensaciones que correspondían a las empresas, mientras la Provincia se encargaba de distribuir esos recursos entre las prestatarias bonaerenses. Ese esquema fue prorrogado en diez oportunidades hasta diciembre de 2025.
El cambio comenzó con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que permitió desarrollar un sistema propio de administración y reemplazar el mecanismo que históricamente dependía de la intervención nacional.
Con la firma del Acta de Cierre, ambas administraciones dieron por cumplidas las obligaciones derivadas del convenio, incluyendo las tareas relacionadas con la distribución de subsidios, el Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil diferencial.
La oficialización del cierre representa un nuevo capítulo en la disputa entre la Provincia y la Casa Rosada por el financiamiento del transporte público, luego de los recortes aplicados por el Gobierno nacional sobre distintos fondos destinados al sector.
En ese contexto, la gestión de Marinucci consolidó un esquema propio para sostener el sistema de transporte bonaerense, garantizando la continuidad de las compensaciones tarifarias y fortaleciendo la capacidad provincial para administrar una política clave para millones de usuarios que utilizan diariamente las líneas provinciales y municipales del AMBA.
La medida también ratifica la decisión de avanzar con herramientas propias para asegurar el funcionamiento del transporte público, en un escenario de cambios en el esquema de financiamiento nacional y de creciente tensión entre ambas administraciones.
