La Justicia investiga una presunta maniobra para condonar una deuda de una empresa privada con el astillero estatal a cambio de dinero. En cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello fueron secuestrados dólares, documentación y un recibo manuscrito. La investigación pone bajo la lupa hechos ocurridos durante la etapa iniciada con Ana Laura Hernández, funcionaria que había llegado a la empresa de la mano de Nicolás Posse.
Una investigación por presuntas coimas en Tandanor avanzó con cinco allanamientos en los que la Policía Federal secuestró US$367.110 en efectivo, además de documentación, dispositivos electrónicos y comprobantes que ahora serán analizados por la Justicia.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial del astillero estatal.
La Justicia busca determinar si Gallé le habría exigido dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda cercana a los US$200 mil que la compañía mantenía con Tandanor.
Según la hipótesis bajo investigación, la maniobra habría involucrado al menos US$220 mil. Durante los allanamientos también apareció un recibo manuscrito por US$100 mil y $12,7 millones, junto con cartas documento, extractos bancarios, transferencias, contratos, computadoras y teléfonos celulares.
La investigación alcanza a la etapa iniciada con Hernández
La causa surgió a partir de una auditoría interna realizada después de un recambio de autoridades en Tandanor. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó la investigación en una unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
Los hechos investigados ponen el foco sobre el funcionamiento interno del astillero durante una etapa que tuvo como una de sus principales autoridades a Ana Laura Hernández, quien había llegado a la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse en los primeros meses del gobierno de Javier Milei.
Durante esa conducción se produjo una fuerte reestructuración de la compañía, con despidos, incorporación de nuevos directores y asesores y la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión.
Hernández posteriormente dejó la presidencia y fue reemplazada por Mauricio González Botto, también vinculado políticamente con Posse.
Con el secuestro de los US$367 mil, el recibo manuscrito y la documentación bancaria, la Justicia intenta ahora reconstruir el circuito del dinero y determinar eventuales responsabilidades en una causa que investiga posibles hechos de cohecho dentro de una de las empresas estatales estratégicas del país.
