Según una investigación del portal Letra P, integrantes del equipo de Luis Caputo, funcionarios de la Casa Rosada y dirigentes libertarios aparecen entre los beneficiarios de préstamos hipotecarios de la banca pública. Los fondos fueron utilizados para adquirir departamentos, casas y hasta un terreno en un country.
Una investigación publicada por el portal Letra P reveló que distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei accedieron a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación para adquirir propiedades durante la actual gestión.
De acuerdo con la información recopilada por ese medio a partir de declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y registros de deuda, los préstamos forman parte del programa +Hogares con BNA. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, la entidad otorgó 25.391 créditos hipotecarios, de los cuales 1.120 correspondieron a Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Entre los casos relevados por Letra P aparecen varios integrantes del equipo económico de Luis Caputo. Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro, obtuvo un préstamo por $373 millones y declaró la adquisición compartida de una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro.
También figura el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito por $367,6 millones, y el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, quien recibió $362 millones y declaró la compra de un terreno de 3.000 metros cuadrados en el country La Retama, en Pilar.
Funcionarios de la Casa Rosada y dirigentes libertarios
La investigación también menciona a Juan Carreira, conocido en las redes como Juan Doe y director de Comunicación Digital de la Casa Rosada. El funcionario declaró la adquisición del 50% de un departamento porteño de 44 metros cuadrados y una deuda con el Banco Nación superior a los $170 millones.
Otro caso es el de Shariff Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien compró un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires y declaró una deuda superior a los $265 millones.
A la lista se suma el diputado libertario Mariano Campero, que adquirió una casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, y declaró una deuda hipotecaria cercana a los $270 millones.
La polémica por estos préstamos llegó a la Justicia a partir de una denuncia presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. En ese marco, el juez Ariel Lijo solicitó información a la Auditoría General de la Nación.
Caputo defendió públicamente el acceso de sus funcionarios a esas líneas crediticias y sostuvo que “no hay nada de ilegal y mucho menos inmoral”. El ministro reconoció además que recomendó a funcionarios y personas de su entorno aprovechar los créditos hipotecarios por considerarlos una oportunidad.
