Sáb, 26 septiembre 2026

IOSFA en crisis: el Gobierno prepara la salida de 576 trabajadores de los hoteles

El Ministerio de Defensa decidió devolver a las Fuerzas Armadas los hoteles y centros recreativos administrados por la obra social sin transferir a sus empleados. El gremio denunció que 576 puestos quedan en riesgo y cuestionó el proceso de desmantelamiento del organismo.

La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sumó un nuevo capítulo con el anuncio de un plan que pone en riesgo los puestos de 576 trabajadores civiles vinculados al área de turismo social. El Gobierno decidió avanzar con el traspaso de los hoteles y centros recreativos a las distintas fuerzas sin incluir al personal que actualmente trabaja en esos establecimientos.

La medida se da en paralelo a una fuerte reestructuración de la obra social. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió la renuncia al administrador de IOSFA, el coronel retirado Ariel Guzmán, quien había asumido con la tarea de conducir el organismo y avanzar con su reorganización.

IOSFA cuenta con unos 3.450 trabajadores y presta servicios a integrantes de las Fuerzas Armadas y, hasta la reciente reforma, también a afiliados de Gendarmería y Prefectura. La entidad llegó a tener alrededor de 396.000 afiliados y atraviesa un deterioro financiero que, según datos citados en el expediente, acumulaba una deuda superior a los 213.000 millones de pesos cuando Presti asumió al frente de Defensa.

Hoteles sin trabajadores y una protesta en Balvanera

El conflicto se concentra especialmente en los 13 hoteles y tres centros recreativos que forman parte del área de turismo social. El Gobierno resolvió devolver los inmuebles a cada una de las fuerzas, pero sin transferir a los empleados que actualmente sostienen su funcionamiento.

Desde ATE denunciaron que los trabajadores recibieron la indicación de que, si no existe una modificación de la medida, deberán dejar de presentarse a sus puestos desde el 1° de octubre. El gremio también cuestionó la decisión de retirar fondos de las cuentas de los hoteles y cancelar reservas que ya habían sido tomadas.

Uno de los establecimientos afectados es el hotel de Mar del Plata, que tenía reservas previstas para noviembre, entre ellas alojamientos vinculados a los Juegos Evita. Desde el sindicato señalaron que esos ingresos formaban parte de los recursos genuinos de la obra social.

Ante la inminencia de los despidos, trabajadores y representantes sindicales se movilizaron hasta la sede de IOSFA en Balvanera. El edificio permanecía cerrado y, tras el ingreso de los manifestantes, una delegación gremial mantuvo una reunión con el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez, vicepresidente del organismo.

Los dirigentes entregaron una nota en la que denunciaron el vaciamiento de IOSFA y reclamaron que se cumpla el esquema previsto originalmente para la reorganización. Al finalizar el encuentro, integrantes de ATE denunciaron que fueron demorados por la Policía y que posteriormente se inició una causa por una presunta violación de domicilio, aunque las detenciones finalmente no se concretaron.

El Gobierno argumenta que los hoteles generan déficit

La reestructuración comenzó con el Decreto 88, firmado por Javier Milei en febrero, que creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) para atender al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En paralelo, Gendarmería y Prefectura quedaron fuera del nuevo esquema y el Ministerio de Seguridad avanzó con la contratación de un prestador privado.

Posteriormente, el Decreto 788/2026 dispuso prescindir de los servicios de Turismo y Farmacia de IOSFA. El Gobierno sostiene que los hoteles generan un déficit superior a los 2.000 millones de pesos anuales y utiliza ese argumento para justificar el traspaso de los inmuebles.

La decisión generó cuestionamientos de sectores sindicales y de exfuncionarios de Defensa. El exministro Agustín Rossi criticó públicamente el proceso y sostuvo que el deterioro de IOSFA terminó trasladándose a los trabajadores.

Mientras tanto, las autoridades del organismo se comprometieron a brindar una respuesta a los representantes gremiales antes del 30 de septiembre, a pocos días de que entre en vigencia el esquema que amenaza con dejar sin empleo a los 576 trabajadores del área de turismo social.

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