La pelea entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo judicial. Un dirigente cercano a la ministra denunció por amenazas a Mario «Pato» Russo, principal asesor de la vicepresidenta, y la Justicia dispuso custodia en el Senado.
La disputa entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel volvió a recrudecer y ahora desembarcó en los tribunales. Cristian Larsen, secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y hombre de confianza de la ministra de Seguridad, denunció por amenazas a Mario «Pato» Russo, el principal asesor político de la vicepresidenta.
La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso que Larsen cuente con custodia dentro del Senado durante un mes mientras avanza la investigación.
Desde el entorno del dirigente bullrichista sostienen que la denuncia fue presentada luego de recibir mensajes con amenazas de agresión física por parte de Russo, en medio de la creciente tensión entre ambos sectores del oficialismo. Del lado del asesor de Villarruel aseguraron que, al momento de conocerse la información, no había sido notificado formalmente de la causa.
El episodio profundiza una interna que se agravó tras la filtración de un intercambio de mensajes entre Bullrich y Villarruel. En esa conversación, la vicepresidenta cuestionó el proyecto oficialista para flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros y acusó al Gobierno de «vender el país», mientras que la ministra respondió con fuertes críticas a su compañera de fórmula.
La escalada también tuvo repercusiones dentro de La Libertad Avanza. La diputada Lilia Lemoine respaldó públicamente la denuncia contra Russo y recordó un episodio ocurrido en 2022, cuando aseguró haber sido agredida físicamente por el asesor político.
En el Senado reconocen que la relación entre Bullrich y Villarruel atraviesa su peor momento desde el inicio del Gobierno. Lo que comenzó como diferencias políticas terminó trasladándose al funcionamiento parlamentario y amenaza con dificultar aún más la coordinación del oficialismo de cara al tratamiento de proyectos clave, como el Súper RIGI, la reforma del régimen de zonas frías y los pliegos judiciales previstos para las próximas semanas.
La nueva denuncia judicial suma un elemento más a una disputa que ya dejó de ser exclusivamente política y expone las crecientes tensiones internas que atraviesan al oficialismo.
