El proyecto impulsado por Sebastián Pareja para habilitar candidaturas desde los 18 años abrió un debate transversal en la Legislatura. Sin embargo, distintos bloques advierten que la iniciativa sólo podría avanzar mediante una reforma constitucional.
La Libertad Avanza volvió a instalar un debate que atraviesa a gran parte de la dirigencia bonaerense: la posibilidad de reducir la edad mínima para acceder a una banca en los concejos deliberantes. Sin embargo, la propuesta ya encontró un obstáculo difícil de sortear: la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, promovida por el espacio que conduce Sebastián Pareja en territorio bonaerense, propone bajar de 25 a 18 años la edad requerida para ser concejal. El objetivo, según plantean desde el oficialismo nacional, es ampliar la participación política de los jóvenes y adecuar la legislación a una realidad donde el voto es optativo desde los 16 años.
Aunque el proyecto no generó un rechazo frontal en la oposición, sí despertó coincidencias respecto de una dificultad central: el requisito de edad está establecido por la Constitución provincial y no puede modificarse mediante una ley común.
Desde distintos bloques señalaron que cualquier avance en esa dirección requeriría una reforma constitucional, una discusión mucho más compleja que excede el debate sobre la participación juvenil.
En la UCR consideraron que la propuesta puede ser analizada, pero remarcaron que forma parte de una discusión más amplia sobre la necesidad de actualizar distintos aspectos de la Carta Magna bonaerense.
En el PRO también mostraron predisposición a debatir el tema, mientras que desde sectores del peronismo sostienen que, si se revisa la edad mínima para ser concejal, también debería discutirse el requisito de 25 años para acceder a una intendencia.
Uno de los argumentos que aparece entre quienes observan con cautela la iniciativa es que un concejal puede asumir transitoriamente la conducción de un municipio ante una licencia o ausencia del intendente. Por eso, consideran que cualquier modificación debe contemplar el funcionamiento institucional completo de los gobiernos locales.
El debate tampoco es nuevo. La Legislatura bonaerense ya analizó proyectos similares en distintas oportunidades. Uno de los antecedentes más importantes fue impulsado en 2013 por el entonces diputado Walter Martello, quien promovió una ley para reducir la edad mínima a 21 años y convocar a una consulta popular para habilitar la reforma constitucional necesaria. La iniciativa nunca llegó a concretarse.
Con el paso de los años también presentaron propuestas similares dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Walter Carusso, Rubén Eslaiman y Valentín Miranda.
Más allá de las diferencias partidarias, el proyecto volvió a poner sobre la mesa una discusión que genera consenso en varios sectores políticos: la necesidad de ampliar la participación de las nuevas generaciones en la vida institucional. Sin embargo, todos coinciden en que el principal escollo sigue siendo el mismo de hace más de una década: la Constitución bonaerense.
