Los ingresos tributarios se desplomaron un 7,4% en términos reales durante junio. Con menos recursos y una economía que no termina de recuperarse, el Gobierno enfrenta mayores dificultades para sostener el superávit sin profundizar el ajuste.
La recaudación tributaria volvió a mostrar señales de debilidad y encendió nuevas alarmas sobre la sostenibilidad del programa económico del Gobierno nacional. Durante junio, los ingresos fiscales cayeron un 7,4% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado, reflejando el impacto de una actividad económica que todavía no logra consolidar una recuperación.
Según los datos oficiales, el Estado nacional recaudó cerca de 20 billones de pesos. Aunque el incremento nominal fue del 23,7%, el avance quedó por debajo de la inflación estimada, lo que implicó una nueva pérdida de recursos en términos reales.
La baja estuvo explicada por varios factores. Entre ellos sobresalió la caída de las retenciones producto de la reducción de alícuotas para las exportaciones agrícolas, una menor recaudación por derechos de importación y el diferimiento del pago de Ganancias y Bienes Personales correspondiente a personas humanas.
Más allá de esos factores puntuales, los principales impuestos vinculados al consumo y al empleo formal también mostraron un desempeño débil. La recaudación del IVA perdió terreno frente a la inflación, mientras que los aportes y contribuciones al sistema previsional también retrocedieron, un comportamiento que distintos economistas vinculan con la destrucción del empleo registrado y el crecimiento de la informalidad.
El escenario agrega presión sobre las cuentas públicas. El Gobierno de Javier Milei sostiene como principal objetivo el superávit fiscal, pero la caída de los ingresos reduce el margen disponible y obliga a buscar nuevas fuentes de recursos o profundizar el ajuste sobre el gasto.
En paralelo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) volvió a poner el foco sobre la carga tributaria que soportan los asalariados. El estudio señala que una familia con empleo formal destina entre el 49% y el 50% de sus ingresos al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, entre tributos directos e indirectos.
Los especialistas advierten que la combinación entre menor recaudación, caída del empleo formal y retracción del consumo refleja una economía que aún enfrenta dificultades para recuperar niveles sostenidos de actividad, mientras el Gobierno apuesta a mantener el equilibrio fiscal como principal ancla de su programa económico.
