La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevos testimonios y expone inconsistencias en operaciones inmobiliarias, préstamos y gastos del funcionario. La declaración de un testigo clave refuerza las sospechas sobre pagos por fuera de escritura y movimientos financieros difíciles de justificar.
En el tablero político y judicial de la provincia de Buenos Aires, el nombre de Manuel Adorni vuelve a ocupar el centro de la escena. Lejos de disiparse, las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito suman capítulos y empiezan a configurar un expediente con múltiples aristas, donde confluyen operaciones inmobiliarias bajo sospecha, movimientos de dinero no declarados y gastos que no logran encontrar correlato en los ingresos oficiales.
Este martes, en los tribunales de Comodoro Py, declaró como testigo Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que participó en la venta del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Su testimonio no solo ratificó versiones previas, sino que aportó elementos que refuerzan una de las principales hipótesis de la causa: la existencia de pagos por fuera de la escritura.
Miano, socio de Pablo Martín Feijoo —hijo de la otra mujer involucrada en la operación—, confirmó que el actual jefe de Gabinete habría acordado abonar 65 mil dólares adicionales en efectivo, por fuera del contrato formal de compraventa. Esta afirmación coincide con lo ya expresado por Feijoo, quien había definido la operación como una “inversión”.
La compraventa del departamento presenta inconsistencias que despertaron la atención judicial. Según consta en el expediente, las dos jubiladas adquirieron la propiedad por 200 mil dólares y, apenas tres meses después, la vendieron a Adorni por 230 mil. Sin embargo, el dato más sensible es la forma de pago: el funcionario habría abonado solo 30 mil dólares al momento de la operación, quedando el resto —200 mil— diferido sin intereses hasta noviembre de este año.
Para los investigadores, este esquema resulta atípico y abre interrogantes sobre la verdadera naturaleza del acuerdo, especialmente en un contexto donde se analizan posibles mecanismos de financiamiento irregular.
La causa no se limita al episodio de Caballito. El foco judicial también se posa sobre otras operaciones y movimientos patrimoniales que, en conjunto, configuran un patrón bajo análisis.
Entre los puntos más sensibles aparecen:
- Remodelaciones en el departamento de Miró, cuyos costos aún están siendo peritados.
- Compra de una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), financiada en parte mediante un préstamo de 100 mil dólares otorgado por una jubilada de la Policía Federal y su hija, ambas vinculadas al entorno del funcionario.
- Refacciones de alto nivel en esa vivienda, donde un contratista aseguró haber recibido pagos en efectivo por 245 mil dólares, cifra que supera ampliamente el valor declarado de compra del inmueble.
- Viajes internacionales y vuelos privados, incluyendo un traslado a Punta del Este en avión privado financiado por un tercero, y un viaje previo a Aruba con gastos elevados abonados en efectivo.
Más allá del expediente judicial, el caso comienza a tener impacto político concreto en la provincia de Buenos Aires, donde la oposición busca capitalizar el desgaste del oficialismo nacional. Dirigentes del peronismo bonaerense ya incorporan el tema en su agenda discursiva, en un contexto donde la transparencia y el ajuste económico aparecen como ejes de disputa.
En este escenario, la acumulación de testimonios y pruebas podría marcar un punto de inflexión. Por ahora, lo que predomina es una dinámica de goteo constante de información que mantiene el tema activo tanto en la Justicia como en la arena política.
