El Gobierno presentó en Diputados una iniciativa que, además de endurecer las sanciones por la explotación de recursos en las islas, crea un Consejo de Seguridad Nacional y modifica el alcance de la Defensa. La propuesta incorpora nuevas atribuciones para el Estado frente a amenazas externas, inteligencia e infraestructura crítica.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como eje el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas pero que también introduce cambios de mayor alcance en materia de seguridad, defensa e inteligencia. El texto ingresó a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes.
La propuesta contempla un nuevo Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que estará encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa y Economía, el canciller, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y el secretario de Legal y Técnica. El organismo tendría como función coordinar políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía, relaciones exteriores y protección de infraestructura crítica.
Un nuevo esquema de seguridad bajo la conducción presidencial
El proyecto también modifica la definición de Defensa Nacional. La iniciativa amplía el concepto para incluir riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, tanto estatales como no estatales, y contempla la protección de infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento de servicios esenciales.
Entre las atribuciones previstas aparecen nuevas funciones para las Fuerzas Armadas, además de mecanismos específicos para el control y la protección de los espacios aéreo, marítimo, fluvial y lacustre. El texto establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves y embarcaciones consideradas irregulares o potencialmente hostiles, con respuestas que pueden incluir el uso de la fuerza en determinados supuestos.
Otro de los puntos centrales está relacionado con la definición de amenazas a la seguridad nacional y con las herramientas administrativas que tendría el nuevo Consejo. Según el proyecto, el CSN sería la autoridad de aplicación de un régimen de sanciones y podría disponer investigaciones administrativas vinculadas con presuntas afectaciones a la seguridad nacional.
El alcance de esas facultades generó cuestionamientos de sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad. Diego Morales, director de Litigio del CELS, sostuvo que la iniciativa utiliza el reclamo por Malvinas como marco para incorporar una agenda más amplia de seguridad nacional. El diputado Agustín Rossi también cuestionó que modificaciones de ese alcance sean incluidas dentro de un proyecto centrado en la soberanía sobre las islas.
Influencia extranjera, desinformación y nuevas sanciones
La iniciativa incorpora además modificaciones al Código Penal y a la legislación electoral. Entre otras medidas, contempla penas para determinadas actividades realizadas por orden o financiamiento de Estados u organizaciones extranjeras, incluyendo acciones vinculadas con espionaje, interferencia electoral y campañas coordinadas de desinformación masiva.
En paralelo, el proyecto endurece las sanciones contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y amplía el alcance del régimen a otras actividades. El Gobierno sostiene que el objetivo es dotar al Estado de herramientas para defender sus recursos y reforzar el reclamo de soberanía.
La propuesta oficial llega después de que Milei anunciara por cadena nacional el envío de una iniciativa para reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos en las islas. En ese mensaje, el Presidente había anticipado la creación del Consejo de Seguridad Nacional y un nuevo marco para la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.
El debate parlamentario deberá determinar ahora el alcance definitivo de estas modificaciones. Mientras el Ejecutivo presenta el proyecto como una herramienta para proteger la soberanía y responder ante amenazas externas, sus críticos advierten sobre el impacto que las nuevas atribuciones podrían tener sobre el sistema de seguridad, inteligencia y defensa vigente.
