El Senado debatirá un paquete de reformas impulsado por el Gobierno que incluye cambios en la compra de tierras rurales, desalojos más rápidos, modificaciones en expropiaciones y un acuerdo para cancelar deudas con fondos buitre.
El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave en la que el gobierno de Javier Milei intentará avanzar con una serie de reformas impulsadas por la Casa Rosada que generan fuerte debate político.
Uno de los proyectos centrales elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una modificación promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que reabre una discusión histórica sobre la propiedad de recursos estratégicos en Argentina.
La iniciativa establece que las provincias deberán autorizar las operaciones cuando no participen Estados extranjeros ni empresas controladas por gobiernos de otros países. Al mismo tiempo, elimina buena parte de las limitaciones que actualmente regulan la extranjerización de tierras.
Otro de los capítulos más controvertidos es el referido a los desalojos. El proyecto reduce los plazos procesales para recuperar inmuebles alquilados ante incumplimientos contractuales y habilita procedimientos judiciales abreviados que podrían acelerar significativamente los tiempos de desalojo.
Además, el Senado debatirá cambios en la legislación sobre expropiaciones, incorporando criterios más restrictivos para la declaración de utilidad pública y fijando nuevos parámetros para las indemnizaciones que deberá afrontar el Estado.
La iniciativa también modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego. Entre otras cuestiones, elimina restricciones temporales que impedían modificar el uso de tierras afectadas por incendios en determinadas zonas rurales.
En paralelo, el oficialismo buscará aprobar un proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza el pago de unos 171 millones de dólares a fondos de inversión que mantienen litigios contra el Estado argentino.
Según el Gobierno, el acuerdo permitiría cerrar disputas judiciales abiertas desde hace años y evitar nuevos embargos sobre activos estratégicos del país. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la decisión y advierten sobre el costo económico de los compromisos asumidos.
La sesión también incluirá el tratamiento de alrededor de 50 pliegos judiciales y la creación de nuevas cámaras federales, en una jornada que promete convertirse en una de las más importantes del año para el oficialismo.
