Según reveló La Política Online, doce trabajadores fueron apartados de la residencia presidencial y algunas de sus tareas comenzaron a ser cubiertas por integrantes de las Fuerzas Armadas. El medio vinculó la decisión al enojo del Presidente por la difusión de gastos en carne y a un episodio relacionado con uno de sus perros, mientras el Gobierno atribuye los cambios a cuestiones de seguridad.
Una fuerte renovación del personal de la Quinta de Olivos abrió una nueva controversia alrededor de Javier Milei. Según publicó La Política Online, doce empleados civiles fueron desplazados y parte de las funciones que realizaban quedaron en manos de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La explicación oficial vincula la reorganización con modificaciones en el esquema de seguridad presidencial. Sin embargo, fuentes citadas por el medio aseguran que la decisión alcanzó a trabajadores que desempeñaban tareas civiles desde hacía años, entre ellos personal de cocina, mozos y hasta un jardinero.
De acuerdo con esas fuentes, uno de los episodios que habría provocado el malestar presidencial fue la difusión de una compra estatal de 29 toneladas de carne por más de $500 millones. El medio sostiene que Milei se molestó por la filtración y ordenó reducir drásticamente el plantel civil de la residencia.
A ese episodio se habría sumado la descompensación de uno de los perros del Presidente. Fuentes con acceso a Olivos dijeron a LPO que el animal debió recibir atención veterinaria y que Milei habría manifestado sospechas sobre una posible intoxicación intencional. El artículo no aporta elementos que permitan acreditar esa hipótesis.
La polémica también alcanza a los contratos de Olivos
Los movimientos se producen mientras existe otra controversia alrededor del mantenimiento de la residencia presidencial. La diputada Marcela Pagano denunció una licitación por unos $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de Olivos y la Casa Rosada, y planteó posibles irregularidades en el procedimiento.
Según la presentación de Pagano citada por LPO, las dos compañías oferentes pertenecerían al mismo grupo económico. La legisladora también formuló cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre personas relacionadas con esas contrataciones y funcionarios del entorno de la Secretaría General de la Presidencia. Se trata de señalamientos de la diputada que no equivalen a irregularidades judicialmente comprobadas.
La tensión con los empleados, siempre según testimonios recogidos por el medio, venía de antes. Trabajadores de la Casa Rosada relataron conflictos con distintos cocineros por los horarios y las exigencias presidenciales sobre la preparación de las comidas.
Tras los últimos cambios, buena parte del personal civil que trabajaba en Olivos quedó afuera y algunas funciones pasaron a ser realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas, mientras persisten los interrogantes sobre los motivos y el alcance definitivo de la reorganización.
