El Presidente confirmó que trabaja en un proyecto para aplicar un mecanismo similar al «shutdown» de Estados Unidos. La iniciativa busca impedir que el Gobierno siga funcionando cuando se agoten las partidas presupuestarias y forma parte de su plan de reforma del Estado.
Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto para incorporar en Argentina un mecanismo de «shutdown», un sistema que permitiría paralizar gran parte del Estado cuando se agoten los recursos previstos en el presupuesto.
La propuesta fue presentada por el Presidente como una herramienta para impedir que el Poder Ejecutivo continúe gastando una vez consumidas las partidas autorizadas por el Congreso.
«Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo. Cuando se agota el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado», afirmó Milei durante una entrevista.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada y fue anunciada mientras el mandatario defendía los cambios que pretende introducir en la Carta Orgánica del Banco Central. En ese contexto, volvió a insistir en prohibir cualquier forma de financiamiento monetario al Tesoro y sostuvo que emitir dinero para cubrir gasto público debería constituir un delito.
El modelo que toma como referencia funciona en Estados Unidos, donde la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso puede derivar en el cierre parcial del gobierno federal. El caso más recordado ocurrió entre 2018 y 2019, durante la presidencia de Donald Trump, cuando un conflicto político provocó un «shutdown» que se extendió durante 35 días y afectó a cientos de miles de empleados públicos.
En Argentina, un esquema similar implicaría modificar la legislación vigente. Actualmente, cuando no se aprueba un nuevo presupuesto, continúa ejecutándose el del ejercicio anterior con las adecuaciones previstas por la ley, lo que garantiza la continuidad del funcionamiento del Estado.
La propuesta de Milei apunta precisamente a eliminar esa posibilidad y limitar el gasto una vez agotadas las partidas presupuestarias. Hasta el momento, el Gobierno no difundió el proyecto ni precisó qué organismos o servicios quedarían exceptuados de una eventual paralización.
De avanzar, se trataría de una de las reformas más profundas sobre el funcionamiento del Estado impulsadas por la administración libertaria desde el inicio de su gestión.
