La condena al excapitán Claudio Villamide por el hundimiento del submarino reabrió un fuerte debate dentro de la fuerza. Sectores de la Armada sostienen que los hechos vinculados a la conducción militar no deberían ser juzgados por la Justicia civil y plantean restablecer el Código de Justicia Militar.
La condena al excapitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan abrió una fuerte discusión dentro de la Armada. Mientras la Justicia Federal le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, puertas adentro de la fuerza comenzó a tomar fuerza un planteo que genera polémica: volver a implementar el Código de Justicia Militar para que este tipo de casos sean juzgados por tribunales castrenses y no por la Justicia civil.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Villamide y absolvió al excontralmirante Luis López Mazzeo, al excapitán de navío Héctor Alonso y al ex capitán de fragata Hugo Correa. La sentencia fue interpretada dentro de la Armada como un fallo que establece un precedente sobre la responsabilidad de los mandos superiores.
Según distintas fuentes militares, la decisión judicial genera preocupación porque consideran que introduce criterios civiles para evaluar decisiones propias de la conducción operativa de una fuerza armada.
En ese sentido, sostienen que el fallo pone en discusión uno de los principios históricos de la doctrina naval: que el comandante de cada unidad es quien determina si un buque reúne las condiciones necesarias para navegar.
Dentro de la fuerza advierten que, a partir de este antecedente, los superiores podrían intervenir cada vez más en decisiones técnicas de los comandantes para evitar futuras responsabilidades penales, alterando la cadena de mando y el funcionamiento operativo de la Armada.
Frente a ese escenario, comenzó a instalarse entre algunos sectores militares la idea de impulsar el regreso del Código de Justicia Militar, derogado en 2008, para que los hechos vinculados al ejercicio profesional de las Fuerzas Armadas vuelvan a ser analizados bajo parámetros propios del ámbito castrense.
El planteo reabre un debate sensible sobre los alcances del control civil sobre las Fuerzas Armadas y el equilibrio entre la responsabilidad penal de sus integrantes y las particularidades del ejercicio militar, especialmente cuando se trata de decisiones operativas que pueden tener consecuencias trágicas.
