Daniel Alfredo Neira recibió una liquidación neta de $109,7 millones tras finalizar su vínculo con el Enacom el 31 de julio. Desde el 1° de agosto comenzó a desempeñarse en el INTA, organismo atravesado por retiros de personal y recortes presupuestarios. Su incorporación quedó ahora bajo revisión interna.
Una designación en el INTA generó cuestionamientos internos por la particular situación del funcionario elegido. Daniel Alfredo Neira comenzó a trabajar en el organismo agropecuario apenas un día después de finalizar su relación laboral con el Enacom, donde recibió casi $110 millones como liquidación final.
Neira dejó el Ente Nacional de Comunicaciones el 31 de julio de 2026. La desvinculación, realizada bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyó $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 correspondientes a vacaciones no gozadas. Después de las deducciones, percibió $109.781.999,73 netos.
La controversia surgió por lo que ocurrió inmediatamente después. Su incorporación al INTA comenzó a regir desde el 1° de agosto, sin interrupción entre un organismo estatal y el otro. Además, según información publicada por Tiempo Argentino, el trámite para sumarlo al instituto había comenzado el 1° de julio, cuando todavía pertenecía al Enacom.
La designación terminó de formalizarse el 3 de septiembre mediante la Resolución 296/2026. Neira quedó como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio durante 180 días, con posibilidad de prórroga.
La incorporación genera cuestionamientos en medio del ajuste en el INTA
Según publicó La Nación, integrantes del Consejo Directivo aseguraron que conocían los antecedentes profesionales de Neira, pero desconocían que había dejado el Enacom mediante una desvinculación que implicó el pago de una indemnización cercana a los $110 millones. Ante la repercusión del caso, dentro del organismo comenzaron a evaluar una revisión de lo actuado y una consulta jurídica.
La situación contrasta con el proceso de reducción de personal que atraviesa el propio INTA. El organismo implementó dos programas de retiros voluntarios: uno alcanzó a 394 trabajadores desde noviembre de 2024 y otro, iniciado en junio de 2026, comprendió alrededor de 850 agentes, aunque no todas las solicitudes se concretaron.
A eso se suma que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé una reducción del 12,4% en los gastos del organismo y 837 cargos menos respecto de los 7.145 presupuestados para este año.
Por el momento, la secuencia no permite establecer por sí misma que haya existido una incompatibilidad legal. Las restricciones por cinco años para regresar al Sector Público Nacional establecidas en el régimen de retiros voluntarios del INTA no necesariamente alcanzan a Neira, debido a que su desvinculación se produjo en el Enacom y bajo otro mecanismo.
El punto que ahora genera cuestionamientos es la decisión administrativa: Neira cobró una liquidación neta de $109,7 millones al abandonar un organismo estatal y comenzó a trabajar en otro al día siguiente, mientras el Gobierno mantiene una política de reducción de estructuras y personal dentro del Estado.
