El Gobierno autorizó a integrantes de las Fuerzas Armadas a desempeñarse en actividades privadas fuera del horario de servicio. La medida expone las dificultades económicas que atraviesa el personal militar y las crecientes complicaciones para retener profesionales especializados.
Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene que la defensa y la seguridad son áreas estratégicas para el país, el Ministerio de Defensa oficializó una medida que refleja las dificultades económicas que atraviesan miles de integrantes de las Fuerzas Armadas: podrán tener un segundo empleo para complementar sus ingresos.
La resolución habilita a soldados, suboficiales y oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a desarrollar actividades laborales privadas fuera de su horario de servicio, siempre que no interfieran con sus funciones ni comprometan cuestiones vinculadas a la seguridad nacional.
Entre las tareas permitidas aparecen trabajos en plataformas de transporte, reparto, seguridad privada y otras actividades compatibles con la carrera militar.
Aunque desde el Gobierno presentan la iniciativa como una ampliación de libertades y oportunidades laborales, dentro del ámbito castrense la decisión es interpretada como el reconocimiento de un problema salarial que se viene profundizando desde hace años.
Diversos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas sostienen que los ingresos militares perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y que la situación golpea especialmente a los rangos inferiores, donde los salarios resultan insuficientes para afrontar el costo de vida.
La medida también deja al descubierto otra preocupación creciente: la dificultad para retener personal especializado. Pilotos, ingenieros, médicos, técnicos y profesionales formados por el Estado encuentran cada vez más oportunidades en el sector privado, donde los salarios suelen ser considerablemente superiores.
La pérdida de esos recursos humanos genera alarma dentro de las fuerzas, ya que se trata de personal cuya formación demanda años de capacitación y una fuerte inversión pública.
A esto se suman las restricciones presupuestarias que afectan programas de equipamiento, mantenimiento operativo y prestaciones del sistema de salud militar.
En ese contexto, la autorización para tener un segundo empleo aparece como una salida práctica frente a una realidad que desde hace tiempo atraviesa a gran parte del personal uniformado: la necesidad de buscar ingresos extra para llegar a fin de mes.
La decisión marca un cambio profundo en una institución que históricamente concebía la carrera militar como una dedicación exclusiva. Ahora, miles de efectivos podrán pasar de cumplir funciones de defensa durante el día a desempeñarse en actividades privadas por la noche para complementar salarios que ya no alcanzan.
