La Justicia ordenó embargar más de $157 mil millones a la Provincia por la falta de obras de saneamiento. El gobierno bonaerense apeló, pero la medida sigue vigente y deja al descubierto años de inacción en un problema ambiental crítico.
La gestión de Axel Kicillof enfrenta uno de sus frentes más delicados: la Justicia federal ordenó embargar más de $157 mil millones a la Provincia de Buenos Aires por el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento en el sistema hídrico de La Plata, Berisso y Ensenada.
Lejos de suspenderse, la medida sigue en pie pese a la apelación del gobierno provincial y deja al descubierto un problema estructural que arrastra años sin resolución.
Un fallo que pone contra las cuerdas a la Provincia
El juez federal Alberto Recondo le dio 24 horas a la Provincia para informar las cuentas a embargar, en una decisión que eleva la presión sobre la administración bonaerense.
La apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que el embargo continúa vigente mientras se revisa el caso, una señal clara de la gravedad que le asigna la Justicia.
Años sin obras y un problema que se agravó
La causa, iniciada en 2020, expone la falta de avances en obras de saneamiento en una región donde los líquidos cloacales se vuelcan sin tratamiento.
El arroyo Del Gato aparece como uno de los puntos más afectados, con niveles de contaminación que —según los estudios incorporados al expediente— superan ampliamente los límites permitidos y generan impacto sanitario en la población.
Para el magistrado, el problema no responde solo a la falta de financiamiento, sino a una ausencia sostenida de decisiones políticas para encarar soluciones de fondo.
La defensa de la Provincia y el choque con la Justicia
Desde el gobierno bonaerense argumentan que las obras dependían históricamente de financiamiento nacional y apuntan contra el recorte de recursos de la gestión de Javier Milei.
Sin embargo, esa explicación no fue suficiente para la Justicia, que avanzó con una medida inédita por su magnitud.
La tensión escaló aún más cuando el fiscal de Estado, Hernán Gómez, cuestionó el embargo y deslizó la posibilidad de denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura.
La respuesta de Recondo fue inmediata: le exigió al funcionario que se abstenga de realizar “amenazas” y advirtió sobre posibles sanciones si insiste en esa línea.
Un embargo para forzar acción
El objetivo del fallo es concreto: forzar el inicio de obras que llevan años demoradas.
El dinero quedará retenido en una cuenta judicial hasta que la Provincia demuestre avances efectivos en los trabajos de saneamiento.
La señal es contundente: la Justicia decidió intervenir ante la falta de respuestas y ya no está dispuesta a tolerar más dilaciones.
El episodio deja expuesto un punto crítico de la gestión bonaerense: un problema ambiental de larga data que, sin soluciones concretas, ahora deriva en un embargo millonario, un conflicto abierto con la Justicia y una presión creciente sobre el gobierno de Kicillof.
