La reiterada presencia de una empresa del sector en la agenda municipal abre interrogantes en un contexto global de creciente cuestionamiento al tabaco.
En un contexto global donde el consumo de tabaco es cada vez más cuestionado por su impacto en la salud pública, la relación entre el Estado y el sector tabacalero vuelve a quedar bajo la lupa. Y en Avellaneda, algunos movimientos recientes empiezan a llamar la atención.
La presencia de la Tabacalera Sarandí en la agenda institucional del municipio no es nueva, pero sí cada vez más visible. En agosto de 2025, el intendente Jorge Ferraresi visitó la planta de la empresa y mantuvo un encuentro con su presidenta, Claudia Romero Roura. Semanas después, volvieron a coincidir en la Expo Avellaneda Productiva.
La secuencia se repitió hacia fin de año. En diciembre, el jefe comunal recibió nuevamente a la titular de la compañía en su despacho, en un encuentro donde le agradeció el “apoyo y compromiso” con la gestión.
Pero no fue solo eso. La firma también aparece como auspiciante en distintas actividades impulsadas por el municipio —desde eventos gastronómicos hasta ferias temáticas— y el propio intendente acompañó a la empresa en la recepción de una distinción otorgada por la Unión Industrial de Avellaneda.
Hasta ahí, podría leerse como parte de la habitual articulación entre lo público y lo privado. Sin embargo, el dato que empieza a incomodar tiene que ver con el sector en cuestión.
La industria tabacalera es, a nivel global, uno de los rubros más regulados y cuestionados por su impacto sanitario. En ese marco, distintos especialistas coinciden en que los vínculos institucionales con este tipo de empresas suelen manejarse con especial cautela.
A eso se suma el frente judicial que atraviesa la compañía. Por un lado, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina le exige el pago de más de mil millones de dólares por impuestos adeudados. Por otro, enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero, en una causa en la que la ARCA actúa como querellante.
En ese marco, la reiteración de encuentros, apoyos y gestos institucionales plantea un debate que trasciende lo local: no se trata solo de vínculos formales, sino de los mensajes que la gestión decide proyectar. Y en política, esos mensajes también construyen sentido.
