En medio de los reclamos de la oposición, el gobernador cordobés ratificó al ministro Juan Pablo Quinteros y respaldó la actuación del fiscal Raúl Garzón. Además, recibió a la familia de Agostina Vega y cambió la estrategia habitual del cordobesismo frente a las crisis.
El asesinato de Agostina Vega abrió una fuerte disputa política en Córdoba y puso bajo presión al gobierno de Martín Llaryora, que recibió cuestionamientos de la oposición por el desempeño del Ministerio de Seguridad y de la Justicia durante la investigación. Sin embargo, lejos de ceder ante los reclamos, el mandatario decidió respaldar públicamente tanto al ministro Juan Pablo Quinteros como al fiscal Raúl Garzón.
Desde el oficialismo sostienen que la causa logró avances rápidos y que los pedidos de renuncia o apartamiento responden más a una disputa política que a errores concretos en la investigación. Por eso, Llaryora optó por cerrar filas y ratificar a los funcionarios cuestionados.
La postura mantiene una tradición histórica del cordobesismo, que durante las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti evitó desplazar funcionarios en medio de crisis de alto impacto público.
Sin embargo, en esta oportunidad Llaryora introdujo una diferencia respecto de esa estrategia tradicional. Mientras sostenía el respaldo institucional a Seguridad y a la Fiscalía, decidió involucrarse personalmente con la familia de la víctima y recibió en la sede del gobierno provincial a los abuelos de Agostina.
El gesto buscó responder a las críticas por la falta de acompañamiento estatal y mostrar una imagen más cercana frente a una tragedia que conmocionó a la sociedad cordobesa. Según trascendió, los familiares reconocieron el trabajo de la Policía y del fiscal Garzón durante el encuentro.
En paralelo, el gobierno provincial también tomó nota del impacto negativo que tuvo la conferencia de prensa encabezada por Garzón tras el hallazgo del cuerpo. Dentro del oficialismo admiten que el tono técnico y distante de la exposición generó ruido en una sociedad atravesada por la conmoción y el dolor.
Mientras tanto, la oposición continúa elevando la presión política. Dirigentes opositores hablaron de un supuesto “descalabro político y judicial” en Córdoba y reclamaron explicaciones sobre distintos aspectos de la investigación.
Desde el llaryorismo, en cambio, sostienen que existe un intento de utilizar políticamente el caso y apuntan especialmente contra sectores opositores que buscan instalar responsabilidades institucionales antes de que concluya el proceso judicial. Entre ellos aparece el diputado libertario Gabriel Bornoroni, uno de los principales críticos de la actuación provincial.
Con una marcha convocada para los próximos días y una fuerte sensibilidad social alrededor del caso, el gobierno cordobés enfrenta una semana clave mientras intenta sostener su defensa institucional sin perder cercanía con la familia de la víctima y con una sociedad profundamente conmocionada
